Se han publicado reformas a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, con el objetivo de fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y control institucional durante los procesos de cambio de administración y de servidores públicos. La modificación se hizo oficial a través del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
Detalles de las reformas
La reforma abarca cambios en las fracciones V, VII y VIII del artículo 14, así como la inclusión de una nueva fracción IX. Con esto, se estipula que los procesos de entrega-recepción deben formalizarse mediante un acta, conforme a los lineamientos y formatos emitidos por los órganos internos de control de los Poderes del Estado, así como por organismos públicos autónomos, la Auditoría Superior y los ayuntamientos, según corresponde.
Objetivos y obligaciones establecidas
Este decreto fue diseñado para prevenir actos de corrupción y asegurar la continuidad de la gestión pública. Se establece la obligación de incluir información sobre programas, planes y proyectos en curso, junto con sus respectivos avances e indicadores de cumplimiento. Además, se requiere que las administraciones salientes proporcionen informes y observaciones que estén en proceso de solventación ante los entes fiscalizadores, garantizando así que las nuevas administraciones cuenten con información completa sobre los asuntos pendientes.
Recursos y documentación necesarios
Las reformas refuerzan la responsabilidad de los servidores públicos en la entrega de recursos humanos, materiales, financieros, informáticos y la información asignada durante el desempeño de sus funciones al concluir su encargo. Los elementos a integrar en el proceso incluyen recursos materiales, estudios, proyectos y obras públicas en ejecución, así como expedientes de asuntos legales y procedimientos de investigación de responsabilidades administrativas por parte de los órganos internos de control.
Con estas modificaciones, el Congreso local busca robustecer el marco legal sobre la entrega-recepción y garantizar una transición ordenada y responsable en las instituciones públicas del estado. La inclusión de informes pendientes de solventación busca dar seguimiento a acciones correctivas necesarias durante las transiciones de administración.»
