Clausuran construcciones irregulares en el Parque Nacional El Chico
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo una clausura total y temporal de diversas construcciones y actividades de remoción de tierra en un predio situado dentro del Parque Nacional El Chico, en Mineral del Chico, Hidalgo. Esta acción se originó tras la detección de desarrollos que carecían de las autorizaciones federales necesarias, lo que ponía en peligro el ecosistema de esta importante área natural protegida.
La intervención de la Profepa es parte de un seguimiento a las mesas de trabajo con la comunidad y a las denuncias ciudadanas que alertaban sobre el crecimiento desmedido de construcciones irregulares y posibles invasiones en la zona boscosa. Durante una inspección, el personal federal constató que las obras afectaban un total de 2,547 metros cuadrados de bosque de encino, detallando que en el lugar se erguían infraestructuras comerciales y habitacionales sin ningún tipo de planificación sustentable.
Entre las obras detenidas se encuentran un salón de eventos junto a un estacionamiento con una superficie de 1,070 m², un camino de piedra y cemento que mide 513 metros de longitud, y una cabaña de concreto en obra negra de 720 m². También se identificó un segundo estacionamiento de 99 m², una barda de 19 metros y movimientos de tierra en 126 m².
La Profepa subrayó que el proyecto carecía de autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así como de la evaluación de impacto ambiental necesaria que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Por tal razón, se colocaron sellos de clausura con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
El Parque Nacional El Chico es esencial para la población de la zona metropolitana de Pachuca, puesto que sus bosques regulan el clima regional y son cruciales para la captación de agua. Los desarrollos urbanos ilegales en esta área amenazan el suministro hídrico y la biodiversidad local. La Profepa indicó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las sanciones económicas necesarias y considerará turnar el caso a las autoridades judiciales, dado que la legislación mexicana considera delitos la remoción de vegetación en áreas protegidas.
