La administración del gobernador Julio Menchaca reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas a través de acciones dirigidas a fortalecer los procesos de contratación pública y combatir la corrupción en el estado de Hidalgo.
Álvaro Bardales, titular de la Contraloría, ha hecho un llamado a las personas físicas y morales que poseen un registro vigente en el Padrón de Proveedores, emitido antes del ejercicio 2026, para que realicen el canje de su registro de manera oportuna. Esta solicitud se enmarca en la reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado, que entró en vigor en diciembre de 2025.
De acuerdo con el artículo 26 de dicha ley, el registro en el Padrón de Proveedores tendrá una vigencia de dos años a partir del 2026. Para facilitar este procedimiento, se ha establecido un periodo de transición hasta el 15 de junio de 2026, durante el cual los proveedores con registros emitidos entre 2015 y 2025 podrán realizar el canje sin costo alguno. Se les insta a no dejar pasar esta oportunidad para mantener su registro vigente y continuar participando en los procesos de contratación pública del gobierno estatal.
El incumplimiento de este trámite dentro del plazo estipulado resultará en la baja del registro, impidiendo a las empresas participar en futuras contrataciones. Además, para aquellos que deban inscribirse, actualizar información o ampliar especialidades, se deberá abonar un costo de 30 UMAs, equivalente a 3 mil 519 pesos, conforme a lo establecido en el artículo 34, fracción II, de la Ley Estatal de Derechos.
En un esfuerzo por eliminar las «empresas fachada» y fortalecer la transparencia, la administración ha implementado un proceso de depuración y actualización constante de los padrones estatales. Actualmente, de los 8 mil 676 registros de proveedores, 2 mil 14 han sido dados de baja y 282 cancelados por un periodo de cinco años. Asimismo, el Padrón de Contratistas, que incluye 2 mil 690 registros, ha sufrido la baja de 571 registros y la cancelación de seis más por un periodo de seis años, debido a violaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados y falta de conclusión de obras estatales.
Estas iniciativas buscan garantizar procesos más transparentes y confiables, bloqueando espacios para prácticas irregulares y asegurando que solo las empresas que cumplan con la normativa vigente participen en los contratos públicos. Con estas acciones, el gobierno del estado busca fortalecer la integridad y confiabilidad de sus padrones, asegurando que las empresas participantes satisfagan los requisitos legales, técnicos y operativos necesarios, priorizando la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.
