Iniciativa para Regular Plataformas de Hospedaje en Hidalgo

Legisladores locales de Hidalgo han presentado una iniciativa para regular las plataformas de hospedaje como Airbnb y Booking, en respuesta a la creciente operación de aproximadamente 4,000 propiedades que representan el 50% de la oferta hotelera en el estado. Este aumento en el uso de espacios como casas, departamentos y cabañas a través de servicios digitales ha generado preocupación en el sector hotelero, que considera esta competencia «desleal».

La diputada Yarabi González Martínez, quien encabeza esta iniciativa, destacó la importancia de que Hidalgo se sume a los esfuerzos de otras entidades como Oaxaca, Quintana Roo, Ciudad de México y Guanajuato, que ya han implementado regulaciones para estos servicios. La propuesta inicial sugiere que las propiedades ofrecidas a través de estas plataformas sean clasificadas como “Estancia Turística Eventual”, lo que obligaría a sus propietarios a cumplir con normativas estatales y a registrarse en un Registro Estatal de Turismo.

Además, se establecería un marco regulatorio que garantice que el funcionamiento de estas propiedades se ajuste a las disposiciones en materia sanitaria, de protección civil, desarrollo urbano, uso de suelo y funcionamiento comercial. Los propietarios, por su parte, tendrían que cumplir con sus obligaciones fiscales y proporcionar información estadística semestral sobre las operaciones de estas estancias.

El proyecto también establece que se deben implementar medidas para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como colaborar con las autoridades competentes en caso de indicios de delitos. La regulación en este sector se presenta como un paso necesario para mantener un equilibrio en la oferta de servicios de hospedaje en Hidalgo.

Propuesta para sancionar a servidores públicos por difundir información de feminicidios

Se busca agregar el artículo 202 quater al Código Penal del Estado de Hidalgo para sancionar a los servidores públicos que violen la dignidad de las víctimas de violencia de género al difundir información relacionada con investigaciones de feminicidios. La diputada local Johana Montcerrat Hernández Pérez impulsa esta iniciativa ante el creciente interés por proteger la privacidad y la dignidad de las víctimas y sus familias.

La propuesta surge tras el controversia generada en 2020, cuando se divulgó información gráfica del feminicidio de Ingrid Escamilla. A pesar de que esta problemática ha sido abordada en el Congreso en ocasiones anteriores, la actual reforma busca establecer en la ley consecuencias más severas para quienes incumplan las normas sobre el manejo de datos delicados en estos casos.

De acuerdo con la propuesta, se considerará un delito la realización de cualquier acto que implique la difusión, revelación, publicación, o comercialización de imágenes, audios, videos, datos forenses o periciales sobre feminicidios. Esto incluye detalles sobre las circunstancias de la muerte, la escena del crimen o cualquier elemento que permita identificar a la víctima.

La pena para quienes cometan este delito oscilaría entre tres y seis años de prisión y multa de 200 a 500 días. Además, se prevé la destitución inmediata del cargo público y la inhabilitación para ocupar cualquier puesto en el servicio público por un período equivalente a la condena impuesta. La iniciativa también contempla un aumento de pena del 50% si el material compartido involucra a menores de edad, si perjudica el proceso judicial o causa revictimización a los familiares de la víctima.

Propuesto por la diputada del Partido Revolucionario Institucional, el delito se perseguirá de oficio y no permitirá el consentimiento del particular, reafirmando así el compromiso de proteger los derechos de las víctimas y sus seres queridos. Esta iniciativa representa un avance en la lucha por erradicar la violencia de género y asegurar un tratamiento digno y respetuoso hacia las víctimas.

Resolución de la SCJN no corrige el trabajo legislativo, afirma diputado

El diputado Miguel Ángel Moreno Zamora, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, subrayó que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no implica una corrección a su labor legislativa, sino que refleja la falta de un desglose adecuado en los cobros de copias certificadas que llevan a cabo los municipios desde hace varios años.

Moreno Zamora explicó que en las Leyes de Ingresos de varios ayuntamientos se implementa un cobro general por conceptos como copias certificadas, constancias, compulsas y digitalización de documentos, sin especificar el tipo de documento al que se refiere. Sin embargo, este cobro debería ser inexistente cuando los documentos son emitidos a partir de solicitudes de información.

Por esta razón, el diputado recordó que hace unos días presentó una iniciativa de reforma que busca eliminar este cobro en todos los municipios, así como exigir que se desglosen los tipos de documentos que se cobrarán.

La SCJN invalidó recientemente artículos de las Leyes de Ingresos de los municipios de Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca, Ajacuba, Alfajayucan, Almoloya y Apan, considerándolos excesivos en cuanto a los cobros establecidos para la expedición de actas certificadas.

“No es que nos corrijan la plana… nosotros hemos analizado perfectamente las Leyes de Ingresos”, defendió el diputado tras hacer énfasis en que, antes de aprobar las propuestas de los ayuntamientos, fue complicado eliminar estos cobros ya que su aplicación es generalizada y afectarían la recaudación municipal.

Moreno Zamora confió en que, a raíz de esta resolución de la SCJN, el Congreso del Estado esté en condiciones de aprobar la reforma que fue planteada la semana pasada, lo que llevaría a los presidentes municipales a considerar un desglose detallado de los cobros en su próxima propuesta de Ley de Ingresos. “Con la iniciativa que emitimos hace un par de días, dejaremos de tener esas ambigüedades”, concluyó.

Confirmación de nuevos autobuses en el Tuzobús

La secretaria de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, aseguró que el Sistema de Transporte Metropolitano ha renovado completamente su flota de autobuses, al tiempo que destacó la continuidad del servicio a usuarios con discapacidad a través de unidades especializadas. Durante un recorrido en el patio de Téllez, representantes de los medios de comunicación pudieron constatar la sustitución de los vehículos antiguos por nuevos autobuses.

En este recorrido, también participaron el oficial mayor, Orlando Ángeles Pérez, y el director del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Simath), Humberto Cabrera Román. Los funcionarios mostraron a la prensa las unidades viejas que habían sido dadas de baja, las cuales fueron utilizadas en las rutas troncal y en las alimentadoras del Tuzobús. Estas unidades están actualmente bajo resguardo.

Robles Gutiérrez enfatizó que únicamente ocho autobuses del Sistema Inclusivo, que están destinados al transporte de personas con discapacidad, fueron adaptados con la nueva cromática para seguir en operación. Estos vehículos, adquiridos en 2024, son considerados esenciales debido a su singular servicio en el estado y aún cuentan con varios años de vida útil para continuar en circulación.

La secretaria también recordó que el pasado 1 de junio, se presentó la llegada de 80 nuevos autobuses, de los cuales 42 tienen capacidad para 80 pasajeros y 38 para 50. Además, se informó que al parque vehicular que actualmente está en operación se sumarán 60 vagonetas, con lo que se superará la cantidad de unidades que formaban parte del antiguo Tuzobús.