Propuesta para sancionar a servidores públicos por difundir información de feminicidios
Se busca agregar el artículo 202 quater al Código Penal del Estado de Hidalgo para sancionar a los servidores públicos que violen la dignidad de las víctimas de violencia de género al difundir información relacionada con investigaciones de feminicidios. La diputada local Johana Montcerrat Hernández Pérez impulsa esta iniciativa ante el creciente interés por proteger la privacidad y la dignidad de las víctimas y sus familias.
La propuesta surge tras el controversia generada en 2020, cuando se divulgó información gráfica del feminicidio de Ingrid Escamilla. A pesar de que esta problemática ha sido abordada en el Congreso en ocasiones anteriores, la actual reforma busca establecer en la ley consecuencias más severas para quienes incumplan las normas sobre el manejo de datos delicados en estos casos.
De acuerdo con la propuesta, se considerará un delito la realización de cualquier acto que implique la difusión, revelación, publicación, o comercialización de imágenes, audios, videos, datos forenses o periciales sobre feminicidios. Esto incluye detalles sobre las circunstancias de la muerte, la escena del crimen o cualquier elemento que permita identificar a la víctima.
La pena para quienes cometan este delito oscilaría entre tres y seis años de prisión y multa de 200 a 500 días. Además, se prevé la destitución inmediata del cargo público y la inhabilitación para ocupar cualquier puesto en el servicio público por un período equivalente a la condena impuesta. La iniciativa también contempla un aumento de pena del 50% si el material compartido involucra a menores de edad, si perjudica el proceso judicial o causa revictimización a los familiares de la víctima.
Propuesto por la diputada del Partido Revolucionario Institucional, el delito se perseguirá de oficio y no permitirá el consentimiento del particular, reafirmando así el compromiso de proteger los derechos de las víctimas y sus seres queridos. Esta iniciativa representa un avance en la lucha por erradicar la violencia de género y asegurar un tratamiento digno y respetuoso hacia las víctimas.
