Recuperación del inmueble ocupado por la Fundación Arturo Herrera Cabañas
Pachuca, Hgo., 18 de abril de 2026.- El Gobierno del Estado aclara que la decisión sobre el inmueble utilizado por la Fundación Arturo Herrera Cabañas, A.C. no se trata de un desalojo, sino de la recuperación legal e institucional de un espacio que debe servir al interés público y al derecho a la cultura de la sociedad. Según la legislación federal y estatal, esta obligación es de carácter público e interés social, lo que establece que el Estado debe garantizar el acceso a bienes y servicios culturales por encima del interés de una asociación privada.
Este inmueble, propiedad del Gobierno del Estado, fue entregado a la fundación hace más de veinte años y se le extendió su uso mediante un contrato de comodato, firmado el 1 de marzo de 2022, con una vigencia inicial hasta el 28 de febrero de 2042 y posibilidad de prórrogas. Esto ha dado lugar a un esquema a largo plazo injustificado sobre un espacio de alto valor cultural y simbólico para Pachuca.
La decisión tomada por el Gobierno del Estado se basa en la convicción de que la herencia cultural de Pachuca no debe estar sujeta de manera indefinida a un esquema privado, cuando existe la obligación pública de preservar, proyectar y poner a disposición de toda la sociedad hidalguense este patrimonio. Por ello, se procederá a recuperar, restaurar y potenciar este espacio, convirtiéndolo en un proyecto cultural público y accesible a la comunidad artística, académica y social.
La visión es clara: Pachuca necesita un museo público, dinámico y contemporáneo, y no un espacio que limite su herencia cultural. Este inmueble histórico mantendrá su vocación cultural en su nueva etapa como museo estatal, con la colaboración de especialistas, creadores y artistas. La sociedad en su conjunto, incluida la Fundación Arturo Herrera Cabañas, tendrá acceso a este nuevo espacio.
Sin un proceso de institucionalización, este espacio cultural estaría en riesgo de deterioro, abandono y subutilización, lo que imposibilitaría cumplir con los estándares técnicos y legales necesarios para exhibiciones y preservación de acervos. El Gobierno del Estado asume, así, un mandato constitucional que otras administraciones han ignorado: recuperar inmuebles comprometidos en esquemas desfavorables y devolver a estos espacios su función social y cultural. No es un despojo ni un ataque a la fundación privada que buscaba poseer este inmueble por más de 40 años; es, en cambio, una recuperación y restauración para transformarlo en un verdadero proyecto público al servicio de Pachuca y su legado histórico.
