Juicio oral por secuestro y homicidio de agentes de investigación en Pachuca
El proceso penal relacionado con el secuestro y asesinato de los investigadores Paulino Castañeda Aguilar y Vicente Monroy Ballesteros avanzará a la etapa de juicio oral, según lo informó el procurador general de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun. Actualmente, el caso se encuentra en la etapa intermedia, donde se están definiendo las pruebas que serán presentadas ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
El procurador destacó que el procedimiento ha superado sus fases iniciales y se aproxima al juicio. “Estamos en la etapa intermedia, recordemos que es una etapa que ya estamos por terminar y entraremos al juicio”, indicó Fernández Hasbun durante una reciente entrevista.
En este contexto, el funcionario respaldó la solicitud del Ministerio Público de imponer a cada uno de los cuatro imputados, identificados como Víctor C.A., Alan Javier O.L., Rafael C.P. y Miriam R.F., una condena de 286 años de prisión. Esta pena ha sido considerada adecuada dada la gravedad de los hechos y se justifica por la búsqueda de justicia para las víctimas.
La Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso de la PGJEH formuló el pedido para cada uno de los acusados, que enfrenta cargos por el secuestro y asesinato de los dos agentes. Se solicitó más de 140 años de prisión por cada víctima, además de seis años adicionales por un delito de narcomenudeo.
Los crímenes ocurrieron el 5 de julio de 2025, cuando los agentes se dirigieron a un inmueble en la colonia La Loma de Pachuca para realizar una notificación judicial y fueron secuestrados. La acusación detalla que los agentes fueron golpeados y uno sufrió heridas por arma blanca.
Fernández Hasbun también señaló que, en respuesta a este y otros incidentes en Hidalgo, la Procuraduría ha intensificado los protocolos de seguridad para el personal operativo, solicitando el apoyo de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad durante operaciones de alto riesgo.
Finalmente, al ser cuestionado sobre la situación de Patricia Moya, quien era la comandante y jefa directa de los agentes fallecidos y fue apartada de su cargo tras los hechos, el procurador evitó comentar, subrayando que cualquier detalle relacionado con procedimientos administrativos corresponde a la Contraloría.
