La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) ha revelado los resultados de la tercera entrega de la cuenta pública 2024, destacando las observaciones más significativas en diversos ayuntamientos y organismos públicos del estado.

En el desglose por ayuntamientos, se ha identificado que Tepeapulco es el municipio con el mayor importe observado, alcanzando la cifra de 45 millones 344 mil 88 pesos. Le siguen en la lista Atotonilco de Tula, con 28 millones 664 mil 934 pesos; Actopan, con 20 millones 184 mil 918 pesos; Tetepango, con 17 millones 170 mil 787 pesos, y Emiliano Zapata, con 16 millones 563 mil 782 pesos.

En cuanto a los organismos descentralizados municipales, se han detectado las observaciones más altas en la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca (Caamth), con 22 millones 093 mil 335 pesos; la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río (Caamtroh), con 18 millones 248 mil 943 pesos; el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda (Imduyv) de Tizayuca, con 13 millones 538 mil 720 pesos; la Comisión de Agua y Alcantarillado de Actopan (Caasa), con 11 millones 753 mil 481 pesos, y la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama (Cayatah), con 11 millones 167 mil 789 pesos.

Dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, las dependencias con mayores montos observados son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 1 millón 255 mil 758 pesos; la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, con 428 mil 298 pesos; la Secretaría de Cultura, con 226 mil 584 pesos; la Secretaría de Contraloría, con 118 mil 809 pesos; y la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social Hidalgo, con 20 mil 999 pesos.

En el sector paraestatal y organismos autónomos, se destacan la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH), con un millón 855 mil 853 pesos, y la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo (Pibeh), con un millón 282 mil 752 pesos, entre otros.

Se han concluido un total de 211 auditorías a 94 entes públicos, abarcando revisiones financieras de cumplimiento de inversión física y de desempeño. Los recursos señalados por la ASEH deberán ser aclarados dentro de los plazos legales establecidos en el proceso de solventación correspondiente a la cuenta pública 2024.

El pasado 20 de febrero de 2026, en Pachuca, Hidalgo, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, junto con el general de brigada del Estado Mayor Hugo Humberto Pedroza Salazar y el delegado de Programas para el Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza, se reunieron con presidentes municipales de las zonas afectadas por la vaguada monzónica. El objetivo de este encuentro fue coordinar la entrega de más de 10 mil kits de apoyo a las familias que han sufrido los estragos de este fenómeno natural.

En la reunión, se analizó el alcance de los daños actuales y se trazaron las rutas de acceso para garantizar la pronta llegada de los insumos a las comunidades afectadas. Se acordó la distribución de 5,466 kits de colchón matrimonial y 4,981 kits que incluyen refrigerador, vajilla, licuadora, estufa y ventilador. Estos apoyos serán entregados en primer lugar a las localidades previamente censadas.

El secretario Olivares Reyna destacó la importancia de esta labor humanitaria, que incluye la restauración de infraestructuras básicas como carreteras, puentes, calles, instalaciones de salud y edificios públicos en los municipios más golpeados por la crisis. Agradeció el respaldo del gobernador Julio Menchaca y de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo acompañamiento ha sido fundamental para avanzar en la atención a las comunidades afectadas.

Se resaltó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la transparencia y eficacia en la distribución de los apoyos, evitando retrasos y asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan. El compromiso del Gobierno del Estado es mantener una gestión cercana, justa y honesta, orientada a la pronta recuperación de las condiciones básicas de vida de las familias afectadas.

La Oficina del Contralor de Hidalgo, a cargo de Álvaro Bardales Ramírez, ha afirmado que la contratación de una empresa vinculada a la familia del diputado federal Ricardo Crespo Arroyo para una obra estatal no constituye un delito, a pesar de no haber recibido notificación oficial por parte de la Auditoría Superior de la Federación sobre un presunto conflicto de interés.

Según Bardales Ramírez, la relación entre el legislador y la empresa en cuestión no representa un conflicto de interés de tipo económico, sino más bien de índole «política». Explicó que esta distinción radica en que, en el segundo caso, el funcionario no tiene la capacidad de influir en la asignación de contratos a favor de sus familiares.

El contralor subrayó que, desde su perspectiva, el hecho de que una persona tenga lazos familiares con accionistas, representantes legales o técnicos de una empresa no constituye automáticamente un conflicto de interés. Hasta el momento, la dependencia a su cargo no ha sido notificada acerca de la observación por posible conflicto de interés, ni sobre otras cuestiones que han sido de dominio público. No obstante, se comprometió a contar con un plazo de 30 días hábiles para abordar y responder a las observaciones que se hayan divulgado.
Pachuca, Hidalgo, 20 de febrero de 2026.

La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo entregó al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo la tercera remisión de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, en cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado.

El presidente de la Comisión Inspectora, diputado Andrés Velázquez Vázquez, reafirmó el compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, destacando que el uso de recursos públicos debe destinar a beneficio de la sociedad. En esta línea, expresó que se legisla para salvaguardar el patrimonio de las familias y promover una gestión transparente en las instituciones.

Por su parte, el auditor del estado, Jorge Valverde Islas, informó que se han evaluado 94 entes públicos, señalando un monto global sujeto a aclaraciones de 399 millones 317 mil 248.39 pesos, enfatizando que no necesariamente representa un perjuicio directo al erario. Asimismo, identificó a los municipios con mayor importe susceptible de solventación, entre ellos Tepeapulco, Atotonilco de Tula, Actopan, Tetepango y Emiliano Zapata.

En el evento estuvieron presentes legisladores de la LXVI Legislatura, así como directores y personal del Congreso y la Auditoría, reafirmando el compromiso de trabajar en favor de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos en beneficio de la sociedad hidalguense.