Investigación a Exsecretaria por Irregularidades en la Administración Municipal
El gobierno de Pachuca ha ingresado en una fase investigativa contra varios exfuncionarios de la administración anterior, después de que el Cabildo insistiera en acelerar las indagatorias lideradas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Las acciones surgen a raíz de irregularidades encontradas durante la gestión del exalcalde Sergio Baños Rubio.
El secretario general del Ayuntamiento, Eduardo Trejo Lino, anunció que no solo se han revisado las carpetas de investigación ya conocidas, sino que hay nuevos expedientes en proceso que también están relacionados con la administración pasada. Sin embargo, evitó dar mayores detalles, apelando a la necesidad de proteger el debido proceso. «Si hay otros eventos, efectivamente, pero no queremos dar información especulativa ni que se politice. La justicia no se debe politizar ni para bien ni para mal», subrayó.
Trejo Lino informó que el Ayuntamiento solicitará un informe actualizado sobre el estatus de las investigaciones para determinar si hay diligencias pendientes y cómo proseguir con los casos de exfuncionarios, como Gabriela Morales, quien fue secretaria de Administración del periodo 2020-2024 y actualmente ocupa un cargo en el gobierno estatal. El secretario afirmó que «sí tenemos algunos temas todavía pendientes de resolver con esta persona».
Al ser interrogado sobre la naturaleza de estos procedimientos, confirmó que existen tanto aspectos administrativos como penales en marcha. «Se está integrando y sí hay procedimientos, efectivamente», añadió.
El secretario también abordó el hecho de que Morales siga trabajando en el gobierno estatal a pesar de la existencia de procedimientos pendientes. Indicó que esa responsabilidad recae en la instancia que la contrató. Sin embargo, enfatizó que, mientras no haya una resolución definitiva que acredite responsabilidades, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia.
Finalmente, el gobierno municipal ha puesto en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado las observaciones realizadas, y será el Ministerio Público quien defina si hay conductas que constituyan delito.
