Irregularidades en obras públicas de Hidalgo
El Secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, informó que durante la actual administración se han iniciado 95 procedimientos por irregularidades en obras públicas. En la conferencia semanal del Gobierno de Hidalgo, advirtió que las empresas constructoras podrán enfrentar sanciones si incumplen los contratos establecidos.
Bardales Ramírez detalló que de los 95 procedimientos iniciados, 18 casos son específicamente de obras públicas. Estos incluyen proyectos significativos como ocho carreteras, tres tanques de almacenamiento de agua, tres redes eléctricas, un parque de diversiones, una planta de tratamiento, un pozo de agua y un hospital. Estos procedimientos son parte del monitoreo que realiza la Secretaría sobre las obras ejecutadas por el gobierno estatal y los municipios.
El contralor enfatizó que existen consecuencias para las empresas constructoras que no cumplan con los estándares de calidad de las obras. Sin embargo, previamente se debe determinar si las fallas son atribuibles a la empresa o a factores externos, como fenómenos climáticos o errores en la planeación del proyecto. “Sí, sí hay consecuencias cuando una constructora no cumple con la obra pública”, afirmó.
Una vez finalizada una obra, la Secretaría participa en la firma del acta de entrega-recepción, junto con la empresa constructora, la dependencia ejecutora y los beneficiarios. Este documento verifica que los trabajos se realizaron conforme al contrato. Aunque puede haber daños posteriores a la entrega, Bardales aseguró que si estos son atribuibles a la constructora, existen garantías de cumplimiento de hasta un año que se harán efectivas.
Anualmente, alrededor de 3,700 obras públicas se llevan a cabo en Hidalgo, de las cuales aproximadamente 3,000 son gestionadas por los 84 municipios y 700 por el gobierno estatal, todas sujetas a supervisión por parte de la Contraloría. Para esta labor, la dependencia cuenta con ingenieros, arquitectos y un laboratorio de control de calidad, así como el apoyo de cerca de 30,000 ciudadanos que forman parte de comités de Contraloría Social, quienes reportan posibles deficiencias en las obras.
