El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa de casi 2 millones de pesos a la coalición «Va por Hidalgo», conformada por el PRI, PAN, PRD y el extinto PESH, tras detectar irregularidades en la fiscalización de sus campañas electorales de 2021. Esta sanción se origina después de que la autoridad electoral revisara los informes de ingresos y gastos de la campaña, encontrando inconsistencias en las operaciones reportadas con un proveedor que no demostró contar con la capacidad necesaria para ofrecer los servicios contratados.
Irregularidades en la contratación de servicios
La investigación, iniciada bajo el procedimiento oficioso INE/P-COF-UTF/1020/2021/HGO, reveló que la coalición registró 14 operaciones con el proveedor Ernesto de la Cruz Cruz, cuyo monto total asciende a 1 millón 704 mil 557.10 pesos. Estos pagos correspondían a la adquisición de bienes y servicios como gorras, banderas, chalecos y la producción de spots publicitarios. Sin embargo, el análisis realizado por el INE puso de manifiesto que el proveedor carecía de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para cumplir con lo pactado.
Verificación del domicilio fiscal
Durante una inspección en la dirección fiscal proporcionada, se encontró que el inmueble era una vivienda de campo sin la infraestructura empresarial requerida, como oficinas o maquinaria, lo que refuerza las dudas sobre la veracidad de las operaciones comerciales. Además, no se localizaron registros de bienes inmuebles o vehículos vinculados a Ernesto de la Cruz Cruz.
Consecuencias legales y sanciones económicas
Considerando estos hallazgos, el INE calificó la conducta de la coalición como una falta grave y estableció las siguientes sanciones económicas: el PRD deberá pagar 172 mil 160.26 pesos, el PAN 571 mil 367.53 pesos, y el PRI, el partido con mayor responsabilidad, 1 millón 148 mil 871.48 pesos. En el caso del extinto Encuentro Social Hidalgo, el procedimiento fue sobreseído debido a la pérdida de su registro como partido político.
Finalmente, el INE remitió las irregularidades detectadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para su conocimiento y posible seguimiento de las acciones relacionadas.
