La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su agradecimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su apoyo en una carta reciente y coincidió en señalar que la campaña en contra de la transformación del país proviene de sectores de derecha y ultraderecha de Estados Unidos. Sheinbaum destacó que estos grupos buscan utilizar a México como parte de su retórica electoral en la antesala de las elecciones de noviembre de 2026, intentando aliarse con la ultraderecha mexicana de cara a las elecciones de 2027.
Durante su intervención, la mandataria subrayó que su gobierno ha llevado a cabo múltiples detenciones de al menos 680 generadores de violencia desde el inicio de su sexenio, además de otros operativos realizados por administraciones anteriores. Resaltó que varios de estos individuos han sido extraditados a Estados Unidos, y enfatizó que el apoyo popular hacia su gobierno y la figura de López Obrador no sería lo mismo sin estas acciones efectivas.
Soberanía y colaboración bilateral
Sheinbaum también abordó la importancia de la soberanía mexicana en respuesta a declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien afirmó que Washington debe respetarla. La presidenta recibió positivamente los comentarios de Mullin, que enfatizaron el respeto por la soberanía a pesar de las diferencias políticas. Durante su comparecencia ante el Congreso estadounidense, Mullin elogió la cooperación entre ambos países, destacando que el actual gobierno mexicano es más colaborativo en la lucha contra el crimen organizado que la administración anterior.
Retos y acciones del departamento de Seguridad Nacional
Mullin hizo hincapié en los logros alcanzados, como cifras históricas en incautaciones, y advirtió sobre una política de cero tolerancia ante agresiones a agentes de inmigración. Sin embargo, sus respuestas sobre el cumplimiento de órdenes judiciales generaron controversia, al insinuar que podría no acatar ciertas decisiones que considere “politizadas”. También defendió un proyecto presupuestal del Departamento de Seguridad Nacional alineado con la agenda migratoria de anteriores administraciones, y anunció plazos para la finalización de estructuras fronterizas como parte de una vigilancia más estricta en las zonas de acceso.
