Reforma para fortalecer los derechos de la infancia en Hidalgo
Pachuca, Hgo., 9 de abril 2026.- La diputada Lizbeth Islas Ordaz presentó un dictamen orientado a reconfigurar las instituciones en Hidalgo, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes. Resaltó que esta propuesta va más allá de ser una reforma ordinaria, ya que se fundamenta en la necesidad de realizar ajustes estructurales en concordancia con la Constitución y convenios internacionales.
Islas Ordaz indicó que este dictamen responde a una carencia normativa y operativa previamente identificada, y cuya corrección es una obligación del Estado mexicano. En recientes meses, la diputada, junto al diputado Andrés Velázquez y otros legisladores, presentó diversas iniciativas para fortalecer las medidas de protección y restitución de derechos de la infancia en la región.
Aclaró que la reforma no afecta la autonomía municipal, sino que busca establecer una base organizacional necesaria para cumplir con las obligaciones constitucionales, alineándose a su vez con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promoviendo un modelo de cooperación entre los tres niveles de gobierno.
En cuanto a las limitaciones del modelo actual, la diputada mencionó la centralización de funciones y la escasez de recursos, evidenciada por la existencia de solo 16 procuradurías regionales que atienden a los 84 municipios, lo que ocasiona retrasos en la restitución de derechos. Ante esto, el dictamen plantea la creación de procuradurías municipales que operen con autonomía técnica y operativa.
Edda Vite Ramos, presidenta del patronato del sistema DIF estatal, subrayó que estas nuevas procuradurías permitirán una atención más cercana y ágil, iniciando así los procesos de restitución de derechos sin revictimización. Los municipios tendrán 180 días para establecer estas procuradurías, que deberán ser formadas por profesionales en derecho, psicología y trabajo social.
Constatando la necesidad de esta reforma, los datos presentan un alarmante panorama: alrededor de 2,200 casos de violencia familiar y sexual contra menores en los últimos seis meses, beneficiando a cerca de 4,900 menores. La reforma, aprobada el 9 de abril, establece que cada municipio deberá contar con una Procuraduría Municipal dentro del sistema DIF, encargada de brindar atención en casos de vulneración de derechos.
Estas instancias tendrán facultades para solicitar medidas de protección, representar legalmente a la infancia y participar en procedimientos judiciales y administrativos cuando sus derechos se vean amenazados.
