Avance en la Armonización de Leyes Secundarias
Pachuca, Hgo., 6 de abril de 2026.- El 13 de marzo de 2026 marcó un año desde la publicación del decreto que reforma el Poder Judicial en Hidalgo. La presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo, Lizbeth Ordaz Islas, informó en entrevista que los trabajos para la armonización de las leyes secundarias avanzan conforme al plan establecido.
Según el decreto, las leyes secundarias debieron estar listas para el 13 de marzo, ya que desde la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el 12 de marzo de 2025, los diputados locales tenían un año para su armonización. A pesar de esto, ha transcurrido un año y un mes y aún no se han concretado los avances.
La legisladora también destacó la importancia de este proceso en contexto electoral, ya que el ciclo de elecciones comienza el 15 de diciembre de este año. Cualquier modificación al Código Electoral de Hidalgo debe realizarse al menos 90 días antes de dicha fecha.
Ordaz Islas explicó que el análisis de estas reformas no es reciente; desde el año pasado se han llevado a cabo mesas de trabajo y estudios sobre su impacto. Recientemente, se instaló una mesa interinstitucional con representantes del Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral.
El objetivo de esta mesa es escuchar a todos los actores involucrados para asegurar una implementación eficiente y transparente de las reformas, teniendo en cuenta la complejidad que ha presentado en otros estados la elección de jueces y magistrados.
Actualmente, se trabaja en la elaboración de la convocatoria, los lineamientos y mecanismos de evaluación para los aspirantes a estos cargos. Aunque todavía se está definiendo qué instancia será responsable de la aplicación del examen, se asegura que las leyes secundarias estarán listas en los plazos establecidos, así como las adecuaciones en materia electoral, destacando la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Estos trabajos legislativos se fundamentan en un sustento técnico y jurídico para evitar impugnaciones, priorizando un análisis detallado y la integración de opiniones técnicas en la elaboración de los dictámenes.
