Oposición en el Senado aboga por un trato justo en la reforma electoral
La oposición en el Senado ha reconocido la considerable cantidad de recursos públicos que se destinan a los partidos políticos y ha manifestado su disposición a revisar este tema en el contexto de una reforma electoral. Sin embargo, subrayan que cualquier posible reducción debe llevarse a cabo de manera justa y equitativa, sin dejar desprotegidas a las fuerzas políticas que tienen posturas diferentes. Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) señalaron que se necesita diálogo con las minorías para avanzar en este asunto, especialmente después de que no se logró aprobar la propuesta electoral del gobierno, que incluía la reducción de prerrogativas, y el denominado plan B tuvo que ser modificado sustancialmente para conseguir aprobación.
En relación con el financiamiento de los partidos, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, destacó que su partido está de acuerdo en incluir este tema en una reforma electoral integral. Anaya enfatizó que, si el gobierno realmente desea un diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas para abordar problemas de financiamiento, la sobrerrepresentación y la influencia del crimen organizado en las elecciones, se podría formular una reforma electoral efectiva.
Clemente Castañeda, coordinador de MC, coincidió en que no habrá consenso si las autoridades federales no se comunican con las agrupaciones políticas y también opinó que el financiamiento es un aspecto que debe ser discutido obligatoriamente. Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, argumentó que cualquier reducción en las prerrogativas debe ser realizada de manera justa y equitativa.
Finalmente, el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, celebró que el tema de la consulta anticipada de revocación de mandato haya sido excluido del plan B propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. En una entrevista colectiva, Álvarez Máynez expresó su apoyo para eliminar el despilfarro en los gobiernos estatales, pero también pidió que se reconozcan las particularidades de las 32 entidades federativas para respetar su autonomía.
