La Oficina del Contralor de Hidalgo, a cargo de Álvaro Bardales Ramírez, ha afirmado que la contratación de una empresa vinculada a la familia del diputado federal Ricardo Crespo Arroyo para una obra estatal no constituye un delito, a pesar de no haber recibido notificación oficial por parte de la Auditoría Superior de la Federación sobre un presunto conflicto de interés.
Según Bardales Ramírez, la relación entre el legislador y la empresa en cuestión no representa un conflicto de interés de tipo económico, sino más bien de índole «política». Explicó que esta distinción radica en que, en el segundo caso, el funcionario no tiene la capacidad de influir en la asignación de contratos a favor de sus familiares.
El contralor subrayó que, desde su perspectiva, el hecho de que una persona tenga lazos familiares con accionistas, representantes legales o técnicos de una empresa no constituye automáticamente un conflicto de interés. Hasta el momento, la dependencia a su cargo no ha sido notificada acerca de la observación por posible conflicto de interés, ni sobre otras cuestiones que han sido de dominio público. No obstante, se comprometió a contar con un plazo de 30 días hábiles para abordar y responder a las observaciones que se hayan divulgado.
Pachuca, Hidalgo, 20 de febrero de 2026.
