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La Ley contra la Extorsión entró en vigencia este sábado, imponiendo sanciones más severas a quienes perpetren este delito. Las penas pueden llegar hasta 42 años de cárcel, especialmente si hay implicación de grupos criminales, funcionarios públicos o víctimas vulnerables. Esta medida busca combatir el aumento de la extorsión en el país, afectando a ciudadanos, comerciantes y empresas. Se espera que esta nueva normativa refuerce la capacidad estatal para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables. Expertos en seguridad consideran que, si bien esta ley puede reducir la incidencia del delito, se necesitarán estrategias adicionales de prevención, fortalecimiento policial y apoyo a las víctimas.
